Los gobernadores acordaron el presidente Mauricio Macri hacer caer el peso del ajuste que se viene sobre las espaldas de los jubilados argentinos. Sorprendió luego de eso que, en el Chaco, el vicegobernador –a cargo de la gobernación- Daniel Capitanich simplificara los resultados de su gestión y firma con el hecho de que la provincia cobrará el juicio que presuntamente inició para recuperar el 15% de los fondos de coparticipación con un bono a diez años. Más sorprendió todavía que para la definición de estos acuerdos lamentables estuviera ausente el gobernador Domingo Peppo que no se privó de cancelar un viaje a Europa y más todavía el silencio del intendente Jorge Capitanich, que ensayó una crítica al acuerdo en las horas previas a su firma, pero calló luego de que su hermano estampara la suya en representación de la provincia.
 
En cambio, no es sorpresa que con acuerdo de todos los gobernadores que no recibirán ni un peso extra a cambio de haber sacrificado a los jubilados y a los empleados públicos en el altar del “pacto fiscal”, el presidente Macri dispusiera inmediatamente en el envío de miles de millones de pesos, serán unos 20 mil millones antes que termine el año, 45 mil millones en el año 2018 y otros 65 mil millones en 2019 a la provincia de Buenos Aires que gobierna María Eugenia Vidal.
 
Obvio, tampoco el anuncio de la gobernadora bonaerense de una fuerte política de pases a planta y otras cuestiones que –en cambio- el resto de los mandatarios, entre ellos Daniel Capitanich, se comprometieron a no hacer.
 
Confiado en el respaldo que obtuvo de los mandatarios, Macri envió el proyecto de reforma previsional al Congreso de la Nación, empezando por la Cámara de Diputados el viernes último sobre la base de:
 
• Las grandes empresas pagarán menos de cargas patronales, no así las pymes que deberán contabilizar una leve alza de dos puntos, al unificar la alícuota en el 19,5 por ciento.
 
• A las provincias les prometen más recursos y fueron presionadas a bajar impuestos pro empresas (Ingresos Brutos y Sellos) y a despedir empleados públicos, además de reducirles el salario en términos reales. Pero la única realmente beneficiada con más fondos será Buenos Aires.
 
• Los jubilados empezarán a recibir un aumento menor respecto al que surgiría de la actual fórmula de movilidad.
 
• Las asignaciones familiares para los trabajadores en relación de dependencia y la Asignación Universal por Hijo también tendrán una indexación menor.
 
El detalle es del periodista Alfredo Zaiat, en el diario Página12, aunque con una lectura crítica, lo mismo refleja el resto de los medios del arco oficialista –público y privado-.
 
A esto falta sumar el verdadero “Pacto fiscal” que elimina en cronograma de 5 años los Impuestos a los Ingresos Brutos y el Impuesto a los Sellos”, que para el Chaco representarían una merma de ingresos del orden de los 7 mil millones de pesos anuales.
 
Es posible discutir la distorsión o no de esos tributos, y si debieran ser reemplazados por otros. Lo que no se puede dejar de afirmar es que su eliminación completa representa una claudicación de federalismo patente, especialmente de quienes hicieron campaña con el logo del Frente Chaco Merece Más diciendo exactamente lo contrario a lo que han hecho.
 
Efectivamente, la Nación se ha comprometido a compensar esas partidas –tal como afirmó Daniel Capitanich-. El punto es, sin embargo, los condicionamientos que pondrán el gobierno de Mauricio Macri, este y el que le siga luego de 2019, para remitir esos recursos, porque las provincias, a su vez, tienen una recomendación de ajuste que el propio jefe de Estado nacional reclamó para que los salarios públicos no compitan con los privados. “Las paritarias del año que viene son una oportunidad”, les avisó el presidente, en el Chaco la oportunidad arrancó ya en 2017.
 
Semejante acuerdo cierra además con un coro de voces que minimizan los alcances y efectos del acuerdo firmado entre la Nación y las Provincias, y acallan por vía de la censura los pocos resabios de crítica que quedan. Se inscribe allí el despido del periodista Víctor Hugo Morales.
 
Lo que vienen son los debates parlamentarios. En el Chaco es demasiado visible que el gobierno está apurado por intentar aprobar no tanto el presupuesto 2018, como otro crédito de casi 4 mil millones de pesos para atender el déficit del año 2017. El apuro oficial radica en que todavía confía en dos votos que fueron clave este año, el del radical Sergio Vallejos y el de Libres del Sur de Carlos Martínez. Ambos se van en menos de un mes de sus bancas y es el plazo que le queda al Ejecutivo para sacar estas leyes.
 
La Nación, por su lado, se apura por llegar con sus modificaciones en el Senado antes de que Cristina Fernández se siente en su banca. Es difícil pronosticar que ocurrirá entonces con la oposición –más allá de una segura escisión-. Sin embargo, es poco probable que el debate se mantenga en los actuales términos. En los términos de la capitulación de los gobernadores.
 

Domingo, 19 de noviembre de 2017